El origen del Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo de 1857 cientos de obreras de una industria textil de Nueva York se rebelaron contra las malas condiciones y la explotación a la que eran sometidas en su trabajo y realizaron una gran marcha. Fueron salvajemente reprimidas, de manera tal que algunas murieron y decenas fueron apresadas y heridas.

Convertida la fecha en un símbolo de la lucha de las mujeres, el 8 de marzo de 1905 las obreras rusas iniciaron una huelga, y con su acción, contribuyeron a la in­surrección del proletariado, deto­nante de la revolución rusa.

Nuevamente en Nueva York, en 1908, las obreras se lanzaron a la huelga en demanda del esta­blecimiento de jornadas de trabajo de 8 horas. Ocuparon una fábrica, y los patronos incendiaron el local dejando como resultado 129 muer­tas en el interior.

Debido a estos significativos hechos históricos, en diversos países de Europa y en los Estados Unidos el 8 de marzo se convirtió en la fecha para recordar la lucha de las mujeres e impulsar las demandas de igualdad.

En reconocimiento a esa lucha, en 1975 las Naciones Unidas proclamaron oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer a fin de recordar las reivin­dicaciones logradas y las que faltan por alcanzar.

¿Es que los otros 364 dilas del año son de los hombres?

Otras personas creen que el 8 de marzo es una fecha en que las mujeres deberían recibir algún regalo, una frase amable o una flor. Ninguna manifestación de aprecio es mal recibida, siempre y cuando mantengamos el sentido de esta conmemoración internacional: llamar la atención sobre la dis­criminación de las mujeres en nuestro país y en el mundo.

Existe un Día de la Mujer porque aún existen trabas para lograr la igualdad.

Lo que se conmemora cada 8 de marzo es la lucha de las mujeres del mundo por avanzar y lograr la igualdad de oportunidades que tradicionalmente se les ha negado, a pesar de ser la mitad de la

humanidad y de demostrar iguales capacidades que los hombres.

Lamentablemente, sí. A pesar de muchos avances, las mujeres dominicanas entramos al siglo 21 en condiciones de desigualdad con relación a los hombres.

¿Están las mujeres en desventaja?

Desempleo: Según la encuesta de fuerza de trabajo del Banco Central 2008, la tasa de desempleo de las mujeres en el año 2008 fue dé 21.7%; mientras que los hombres presentan una tasa de 8.9%.

Participación política: Las mujeres son el 50.41% del electo­rado y sin embargo apenas ocupan el 19.7% de las curules en la Cámara de Diputados y el 6.3% en el Senado. En los Ayuntamientos, el 11.3% de las sindicaturas y el 27% de las regidurías. En el Poder Ejecu­tivo, de las 18 Secretarías de Estado, sólo 2 (11.2%) están a cargo de mujeres: La Secretaría de Estado de la Mujer, la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

Participación empresarial: La encuesta sobre microempresas realizada por FONDOMICRO en 2005 reporta que un 47.6% de los

negocios son de propiedad femenina, pero estos negocios tienen una menor inversión, meno­res ventas y, por ende, menores ganancias que las empresas de propiedad masculina.

Salario: El 43% de las mujeres tienen ingresos inferiores a $4,000.00 pesos en relación a los hombres, en que sólo un 27% percibe esta cantidad. (Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, Banco Central de la República Dominicana).

Capacitación técnica: El número de Egresados/as del Insti­tuto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) reporta un 49% de mujeres hasta el 2006, con­centradas en las áreas tradicionales como secretariado, manualidades, cocina, panadería, repostería y peluquería.

Relación de Parceleras en el País: A mayo de 2005 y en diferentes provincias del país existen 8,719 parceleras, lo cual representa un 7.74% del total general de asenta­dos (as) (Oficina de Planificación, Instituto Agrario Dominicano).

La Condición de las mujeres en la República Dominicana revela:

• La mortalidad materna es de 159 por cada 100,000 nacidos (as) vivos (as).

(ENDESA, 2007)

• La prevalencia del VIH/SIDA entre mujeres de 15 a 45 años es del 1%. (ENDESA, 2002)

• La tasa de fecundidad no deseada alcanza el 18.3% entre las adolescentes.

(ENDESA, 2007)

• El 19.7% de las mujeres han confrontado algún maltrato físico. (ENDESA, 2007)

El número de feminicidios ascendió a 204 en el 2008 (Oficina de Estadística y Cartografía de la Policía Nacional).

Para que exista democracia, debe existir igualdad. El Día Internacional de la Mujer nos recuerda esa necesidad y a la vez, nos anima a celebrar los avances:

•EI derecho al voto, logrado en 1942, más de 70 años después que los hombres.

• Tenemos mayor acceso a la educación superior: en las aulas universitarias somos el 61% mientras que los hombres ocupan el 38%.

• Nuestra creciente inserción en el mercado laboral que alcanza el 38.8%.

• Un Código Penal que reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Los 28 Principios fundamentales en el Código Procesal Penal

Primacía de la Constitución y los tratados.  Los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por éstos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley.

La inobservancia de una norma de garantía judicial establecida en favor del imputado no puede ser invocada en su perjuicio.

Art. 2. Solución del conflicto.  Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir a restaurar la armonía social. En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal.

Art. 3. Juicio previo.  Nadie puede ser sancionado a una pena o medida de seguridad sin un juicio previo.

El juicio se ajusta a los principios de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, celeridad y concentración.

Art. 4. Juez natural.  Nadie puede ser juzgado, condenado o sometido a una medida de seguridad, por comisiones o tribunales especiales ni sometido a otros tribunales que los constituidos conforme a este código con anterioridad a los hechos de la causa.

Art. 5. Imparcialidad e independencia.  Los jueces sólo están vinculados a la ley. Los jueces deben actuar en forma imparcial y son independientes de los otros poderes del Estado y de toda injerencia que pudiere provenir de los demás integrantes del Poder Judicial o de los particulares.

Art. 6. Participación de la ciudadanía.  Todo habitante del territorio de la República tiene el derecho a participar en la administración de justicia en la forma y condiciones establecidas por este código.

Art. 7. Legalidad del proceso.  Nadie puede ser sometido a proceso penal sin la existencia de ley previa al hecho imputado. Este principio rige, además, en todo lo concerniente a la ejecución de la pena o medida de seguridad ordenada por los tribunales.

Art. 8. Plazo razonable.  Toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella. Se reconoce al imputado y a la víctima el derecho a presentar acción o recurso, conforme lo establece este código, frente a la inacción de la autoridad.

Art. 9. Única persecución.  Nadie puede ser perseguido, juzgado ni condenado dos veces por un mismo hecho.

Art. 10. Dignidad de la persona.  Toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad personal y su integridad física, psíquica y moral. Nadie puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Art. 11. Igualdad ante la ley.  Todas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas. Los jueces y el ministerio público deben tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso, pero no pueden fundar sus decisiones en base a nacionalidad, género, raza, credo o religión, ideas políticas, orientación sexual, posición económica o social u otra condición con implicaciones discriminatorias.

Art. 12. Igualdad entre las partes.  Las partes intervienen en el proceso en condiciones de igualdad. Para el pleno e irrestricto ejercicio de sus facultades y derechos, los jueces deben allanar todos los obstáculos que impidan la vigencia o debiliten este principio.

Art. 13. No autoincriminación.  Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y todo imputado tiene derecho a guardar silencio. El ejercicio de este derecho no puede ser considerado como una admisión de los hechos o indicio de culpabilidad ni ser valorado en su contra.

Art. 14. Presunción de inocencia.  Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal hasta que una sentencia irrevocable declare su responsabilidad. Corresponde a la acusación destruir dicha presunción.

En la aplicación de la ley penal son inadmisibles las presunciones de culpabilidad.

Art. 15. Estatuto de libertad.  Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal o de otros derechos, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que trata de resguardar.

Toda persona que se encuentre de manera arbitraria o irrazonable privada de su libertad o amenazada de ello tiene derecho a recurrir ante cualquier juez o tribunal a fin de que éste conozca y decida sobre la legalidad de tal privación o amenaza, en  los términos que lo establece este Código.

Art. 16. Límite razonable de la prisión preventiva.  La prisión preventiva está sometida a un límite temporal razonable a los fines de evitar que se convierta en una pena anticipada.

Art. 17. Personalidad de la persecución.  Nadie puede ser perseguido, investigado ni sometido a medidas de coerción  sino por el hecho personal. La retención de personas ajenas a la comisión de un hecho punible con miras a obtener su colaboración o la entrega del imputado se sanciona de conformidad con las disposiciones de la ley penal.

Art. 18. Derecho de defensa.  Todo imputado tiene el derecho irrenunciable a defenderse personalmente y a ser asistido por un defensor de su elección. Si no lo hace, el Estado le designa uno. El imputado puede comunicarse libre y privadamente con su defensor desde el inicio de los actos de procedimiento y siempre con anterioridad a la primera declaración sobre el hecho.

El defensor debe estar presente durante la declaración del imputado.

El Estado tiene la obligación de proporcionar un intérprete al imputado para que le asista en todos los actos necesarios para su defensa, si éste muestra incomprensión o poco dominio del idioma castellano.

Art. 19. Formulación precisa de cargos.  Toda persona tiene el derecho de ser informada previa y detalladamente de las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra desde que se le señale formalmente como posible autor o cómplice de un hecho punible.

Art. 20. Derecho a indemnización.  Toda persona tiene derecho a ser indemnizada en caso de error judicial, conforme a este código.

Art. 21. Derecho a recurrir.  El imputado tiene derecho a un recurso contra las sentencias condenatorias ante un juez o tribunal distinto al que emitió la decisión.

Art. 22. Separación de funciones.  Las funciones de investigación  y de  persecución  están  separadas   de la  función jurisdiccional. El Juez no puede realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción penal ni el ministerio público actos jurisdiccionales.

La policía y todo otro funcionario que actúe en tareas de investigación en un procedimiento penal dependen funcionalmente del ministerio público.

Art. 23. Obligación de decidir.  Los jueces no pueden abstenerse de fallar so pretexto de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni demorar indebidamente una decisión.

Art. 24. Motivación de las decisiones.  Los jueces están obligados a motivar en hecho y derecho sus decisiones, mediante una clara y precisa indicación de la fundamentación. La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de las partes o de fórmulas genéricas no reemplaza en ningún caso a la motivación. El incumplimiento de esta garantía es motivo de impugnación de la decisión, conforme lo previsto en este código, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar.

Art. 25. Interpretación.  Las normas procesales que coarten la libertad o establezcan sanciones procesales se interpretan restrictivamente.

La analogía y la interpretación extensiva se permiten para favorecer la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades.

La duda favorece al imputado.

Art. 26. Legalidad de la prueba.  Los elementos de prueba sólo tienen valor si son obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normas de este código. El incumplimiento de esta norma puede ser invocado en todo estado de causa y provoca la nulidad del acto y sus consecuencias, sin perjuicio de las sanciones previstas por la ley a los autores del hecho.

Art. 27. Derechos de la víctima.  La víctima tiene derecho a intervenir en el procedimiento penal y a ser informada de sus resultados en la forma prevista por este código.

Art. 28. Ejecución de la pena.  La ejecución de la pena se realiza bajo control judicial y el condenado puede ejercer siempre todos los derechos y facultades que le reconocen las leyes.

El Estado garantiza condiciones mínimas de habitabilidad en los centros penitenciarios y provee los medios que permiten, mediante la aplicación de un sistema progresivo de ejecución penal, la reinserción social del condenado.

¿Cuáles son los derechos de un persona que esta acusada de un delito o crimen?

Todo imputado tiene, desde que se solicite la aplicación de una medida de coerción o la realización de un anticipo de prueba, derecho a:

1.  Ser informado del hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación jurídica, un resumen de los contenidos de prueba existentes y las disposiciones legales que se juzguen aplicables;

2.  Recibir durante el arresto un trato digno y, en consecuencia, a que no se le apliquen métodos que entrañen violencia innecesaria o el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza;

3.  Conocer la identidad de quien realiza el arresto, la autoridad que lo ordena y bajo cuya guarda permanece;

4.  Comunicarse de modo inmediato con una persona de su elección y con su abogado para notificarles sobre su arresto y a que le proporcionen los medios razonables para ejercer este derecho;

5.  Ser asistido desde el primer acto del procedimiento por un defensor de su elección, y a que si no puede pagar los servicios de un defensor particular el Estado le proporcione uno;

6.  No autoincriminarse, en consecuencia, puede guardar silencio en todo momento sin que esto le perjudique, o sea, utilizado en su contra.  En ningún caso puede ser sometido a malos tratos o presión para que renuncie a este derecho ni ser sometido a técnicas o métodos que constriñan o alteren su voluntad;

7.  Ser presentado ante el juez o el ministerio público sin demora y siempre dentro de los plazos que establece este código;

8.  No ser presentado ante los medios de comunicación o ante la comunidad en forma que dañe su reputación o lo exponga a peligro;

9.  Reunirse con su defensor en estricta confidencialidad.

La precedente enumeración de derechos no es limitativa. El ministerio público y los demás funcionarios y agentes encargados de hacer cumplir la ley, así como los jueces, tienen la obligación de hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible sobre sus derechos, procurar su salvaguarda y efectividad.

El funcionario o agente que vulnere, permita o instigue el atentado o violación de cualesquiera de estos derechos es responsable y sancionado de acuerdo a lo establecido por la ley.

Son nulos los actos realizados en violación de estos derechos y los que sean su consecuencia.

Deberes de la persona menor de edad

• Honrar a la Patria a través del respecto a sus símbolos, héroes y heroínas;
• Valorar y respetar la familia como núcleo social, honrando y obedeciendo a sus padres o responsables;
• Actuar con apego a los principios de la convivencia democrática, solidaridad social y humana;
• Respetar la libertad y diversidad de conciencia, pensamiento, religión y cultura;
• Cumplir con sus responsabilidades escolares, familiares y comunitarios;
• Contribuir a la preservación del medio ambiente, a través de la conservación de los espacios de la comunidad que habita;
• Cumplir y respetar las leyes, al igual que cualquier otro deber establecido en las mismas.

Derechos y Deberes de los Niños, Niñas y Adolescentes

• Derecho a la vida; 
• Derecho a un nombre y a la nacionalidad;
• Derecho a ser inscrito en el registro civil;
• Derecho a la salud;
• Derecho a la educación
• Derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con el padre y la madre;
• Derecho a la cultura, deporte, tiempo libre y recreación;
• Derecho al medio ambiente sano;
• Derecho a la integridad personal;
• Derecho a la restitución de derechos;
• Derecho a que sea denunciado el abuso en su contra;
• Derecho a la libertad;
• Derecho a opinar y ser escuchado;
• Derecho a participar libre, activa y plenamente en la vida familiar, comunitaria, social, escolar, cultural, así como la incorporación progresiva a la ciudadanía activa;
• Derecho a la intimidad;
• Derecho a la diversión;
• Derecho a la protección de la imagen;
• Derecho a la información;
• Derecho a la protección laboral.

Causas para dejar un trabajo (La Dimisión) Código de Trabajo, Ley 16-92

Dimisión es la resolución del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador.

Es justificada cuando el trabajador prueba la existencia de una justa causa prevista al respecto en este Código.

Es injustificada en el caso contrario.

Se reputa inexistente y, en consecuencia, no extinguirá los derechos que el trabajador haya adquirido, cuando lo que realmente se ha operado es un traspaso, cambio o transferimiento del trabajador a otra empresa, entidad o empleador, con fines fraudulentos.

Se presume siempre el fraude en perjuicio de los derechos del trabajador cuando el traspaso, cambio o transferimiento de éste ha tenido lugar a otra empresa, entidad o empleador que sea una filial de la empresa con la cual opera el traspaso o cambio, o que mantenga con ella afinidad o vinculación en el desenvolvimiento de sus actividades o negocios, o integre con ella un solo conjunto económico.

El trabajador puede dar por terminado el contrato de trabajo, presentando su dimisión, por cualquiera de las causas siguientes: 

1ro. Por haberlo inducido a error el empleador, al celebrarse el contrato, respecto a las condiciones de éste;      

2do. Por no pagarle el empleador el salario completo que le corresponde, en la forma y lugar convenidos o determinados por la ley, salvo las reducciones autorizadas por ésta; 

3ro. Por negarse el empleador a pagar el salario o reanudar el trabajo en caso de suspensión ilegal de los efectos del contrato de trabajo; 

4to. Por incurrir el empleador, sus parientes o dependientes que obren con el consentimiento expreso o tácito de él dentro del servicio, en faltas de probidad, honradez, en actos o intentos de violencia, injurias o malos tratamientos contra el trabajador o contra su cónyuge, padres, hijos o hermanos; 

5to. Por incurrir las mismas personas en los actos a que se refiere el apartado anterior, fuera del servicio, si son de tal gravedad que hagan imposible el cumplimiento del contrato; 

6to. Por haber el empleador, por sí mismo o por medio de otra persona, ocultado, inutilizado o deteriorado intencionalmente las herramientas o útiles de trabajo del trabajador; 

7mo. Por reducir ilegalmente el empleador el salario del trabajador; 

8vo. Por exigir el empleador al trabajador que realice un trabajo distinto, de aquél a que está obligado por el contrato, salvo que se trate de un cambio temporal a un puesto inferior en caso de emergencia con disfrute del mismo salario correspondiente a su trabajo ordinario; 

9no. Por requerir el empleador al trabajador que preste sus servicios en condiciones que lo obliguen a cambiar de residencia, a menos que el cambio haya sido previsto en el contrato, o resulte de la naturaleza del trabajo o del uso, o sea justificado y no cause perjuicios al trabajador; 

10mo. Por estar el empleador, un miembro de su familia o su representante en la dirección de las labores, atacado de alguna enfermedad contagiosa siempre que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con las personas de que se trata, o por consentir el empleador o su representante que un trabajador atacado de enfermedad contagiosa permanezca en el trabajo con perjuicio para el trabajador dimisionario; 

11vo. Por existir peligro grave para la seguridad o salud del trabajador, porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establecen; 

12vo. Por comprometer el empleador, con su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del taller, oficina o centro de trabajo o de las personas que allí se encuentren; 

13vo. Por violar el empleador cualquiera de las disposiciones contenidas en el artículo 47; y 

14vo. Por incumplimiento de una obligación sustancial a cargo del empleador.

Fuente: http://daduye.com/leyes/codigo_de_trabajo.html